OPINIÒN POLITICA-ECONOMICA-SOCIAL

URABA Y EL PROCESO DE LEY DE REPARACIÓN DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS A SUS CAMPESINOS

Tema: Social-Político

ANTECEDENTES:
Urabá, en lengua katía, significa ‘La tierra prometida’. Urabá es una región exuberante, y quienes la conocen quedan asombrados. Separa al Mar Caribe del Pacifico, en su geografía conforma un golfo y es tristemente afamada por la dura violencia y la barbarie que se ensañó contra ella en los últimos treinta años.
A finales de los años 50 unos cuantos empresarios sembraron las primeras matas de banano, que luego se transformaron en plantaciones y se expandieron en la década de los 60, para consolidarse ya en los 70 como una verdadera industria bananera.

Sea como fuere, estamos hablando de una inmensa explotación agrícola que creció sin Dios ni ley. Durante veinte años el patrón fue la fuerza, con no pocos despojos de colonos que habían llegado desde los años 40 a lo que esperaban fuera una ‘tierra prometida’. A mediados de los años 70 los empresarios del banano ya contaban con una fuerza laborar de unos 15.000 trabajadores, con escasa organización gremial y unas duras condiciones laborales, sin contratos, viviendo muchos en barracas, sin que faltaran los capataces de finca que dirimían los conflictos laborales a bala.

Sobre esta dura realidad, llegaron las guerrillas del EPL y las FARC y encontraron conflictos sobre los cuales medrar, creció la presencia política del Partido Comunista y del Partido Comunista Marxista Leninista, organizaciones que encontraron en los obreros bananeros, una fuerza social y política para crecer. En este panorama, de conflictos y acción armada, aparecieron en escena los paramilitares, ofertaron respuesta armada a los interés del capital y a quienes se oponían a las acciones de las guerrillas, y fue así como se engendró la hidra de una confrontación que puso miles de muertos, barbarie y sufrimiento al por mayor.

Las guerrillas del EPL y el Partido Comunista ML pactaron un acuerdo de paz durante la Constituyente del 91, mientras que el Partido Comunista –que había logrado importante representación política en la región- fue sacado a plomo. Pero las FARC respondieron con una dura arremetida, que tuvo como nefasta consecuencia la masacre en el Barrio La Chinita, en enero de 1994, con decenas de víctimas. A partir de allí la violencia se agudizó, acompañada de un despojo continuo de tierras a colonos y campesinos, a manos de los ‘señores de la guerra’.

Luego llegaron los paramilitares de Carlos Castaño y en una fatal alianza con empresarios y políticos desataron una cacería humana y una cruzada de expropiaciones y despojos que arroja cifras espeluznantes. Urabá acumuló 720 sindicalistas asesinados, es decir, más de una tercera parte de los sacrificados en el país. En 1997 y 1998 las cifras de homicidios se acercaron a 800, con una tasa superior a todas las regiones de Colombia. También el desplazamiento forzado se encumbró por esos años. Y en los últimos tiempos el blanco han sido 11 líderes de las víctimas que han pagado con su vida la osadía de defender el derecho a la restitución.

Ahora se sabe que, aprovechando esta situación, el Fondo Ganadero de Córdoba adquirió en forma fraudulenta 46.000 hectáreas de las mejores tierras de la zona y una parte de los empresarios bananeros se hizo a predios enormes pertenecientes a la Nación o a los campesinos que la violencia obligó a huir.

Un informe del Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, publicado el 25 de agosto de 2011, detalla que en Urabá les fueron despojadas a campesinos pobres unas 41.700 hectáreas en solo seis municipios, faltando por contabilizar lo ocurrido en Carepa, Chigorodó, Mutatá, Vigía del Fuerte y Murindó, así como el estudio de despojo de las oficinas de Registro e Instrumentos Públicos de Frontino y Dabeiba.

El despojo de tierras en Urabá fue sistemático, y al respecto la Fundación Forjando Futuros –conformada por reclamantes de tierras encabezados por Carmen Palencia y Gerardo Vega- en reciente informe señalan a algunos responsables de este proceso: “en los 11 municipios del Urabá antioqueño están detenidos, procesados o condenados ya 5 representantes a la Cámara, 3 senadores, el general (r) de la Fuerzas Militares Rito Alejo del Río, los directivos de la multinacional Chiquita Brands y Banadex, 8 alcaldes y exalcaldes, un notario, 3 comandantes de las Autodefensas, otros 16 funcionarios públicos, 5 exconcejales y concejales. Estos hechos demuestran que en esa zona la institucionalidad, gobiernos locales, fuerzas militares y empresariado estuvieron cooptados por el proyecto paramilitar que causó todo el despojo, hoy reconocido por el propio Presidente de la República.”

La Fundación Forjando Futuros les ha propuesto a las empresas bananeras que aportaron durante diez años a los paramilitares 3 centavos de dólar por caja de banano exportada (lo cual fue comprobado en estrados judiciales en los Estados Unidos y corroborado por varios jefes paramilitares en sus versiones libres), que aporten la misma cantidad y por el mismo tiempo, a modo de recursos destinados al Fondo de reparación de victimas contemplado en la Ley 1448. Se trata sin duda de una muy buena propuesta, que el gremio bananero debería considerar, ya con cabeza fría.

RESTITUCION DE TIERRAS A CAMPESINOS
En la reunión Carmen Palencia, vocera de la asociación Tierra y Vida, le manifestó al presidente que resultaba increíble que Urabá no apareciera como una de las zonas donde se iniciaría la reparación y la restitución. Señaló Santos que obedecía a la estrategia de empezar por lugares donde, al parecer del gobierno, se encontrarían menos obstáculos. Que la complejidad de esa región era enorme y lo mejor era cosechar experiencias en sitios de menor resistencia antes de acometer la tarea en el punto más espinoso.

De ahí que, una vez se anunció la confluencia de gobierno y organizaciones sociales para marchar hacia Necoclí, llovieron todas las presiones. Los Urabeños, con el pretexto de protestar por la muerte de uno de sus jefes, desataron un paro armado a principios de enero con la evidente intención de mostrar el gran poder que ostentan en la región. Los empresarios bananeros, que ayer financiaron la implantación de los paramilitares en la zona, rechazaron abiertamente la movilización y se vinieron hasta la oficina del ministro del Interior para hacer un descarado lobby orientado a impedir la asociación entre víctimas y gobierno en procura de la reparación y la restitución.

Esta ha sido la antesala de un evento que aspira a rendir un homenaje a las víctimas del territorio más asolado por la violencia y tiene el propósito de entregar títulos de propiedad a campesinos largamente olvidados por la sociedad. ¡Ojalá salga bien! ¡Ojalá el gobierno no se arrugue en esta misión!
Los convocantes desde la sociedad civil a la concentración de Necoclí expresaron con claridad su mensaje: “Queremos decirle al País y al mundo que solo ambicionamos volver a nuestra tierra, volver a lo que nos pertenece, labrar el campo, sembrar, cosechar, criar animales, cuidar los árboles, los ríos, los animales silvestres y vivir en paz. Queremos ser felices en nuestra vereda, hacer trabajo comunitario, disfrutar de nuestras libertades políticas y sociales, velar por nuestros hijos e hijas, gozar de nuestros derechos y comprometernos con nuestros deberes.” Es un mensaje sereno pero contundente, que el país que anhela vivir en legalidad y democracia apoya.

Marcha de Necoclí…
La realidad, mirada con sensatez

“Esta Ley de Reparación de Víctimas y Restitución de Tierras la vamos a hacer efectiva contra viento y marea, contra cualquier enemigo”, dijo el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, en un emotivo discurso en el municipio de Necoclí, durante el acto central que tuvo como telón de fondo la movilización masiva de campesinos del norte de Antioquia, Córdoba y Chocó en apoyo a la intención del Gobierno de atender los reclamos de aquellos que fueron despojados de sus tierras por grupos paramilitares, en asocio con empresarios, funcionarios estatales y sectores de la Fuerza Pública.
Ver la concentración de pobladores en Necoclí y al presidente Santos conminándolos a defender la Ley me llevó a pensar en la insensatez de sus palabras, pues buena parte de ellas son ilusorias, generadoras de falsas expectativas, activismo inútil, pues la restitución de esas tierras despojadas a la fuerza durante buena parte de la década de los noventa y el dos mil en diversas regiones del país deberá surtir un largo trámite jurídico en el cual los labriego despojados, de manera individual, se tendrán que enfrentar a los grandes capitales.

Mi impresión se ratificó cuando escuché de boca de Santos Calderón otra afirmación: “ese proceso lo vamos a acelerar, lo vamos a ir acelerando”. Y ofreció algunas cifras para mostrar la magnitud de la tarea pendiente: “Aquí en Urabá, hemos recibido 270 solicitudes que están reclamando 12.200 hectáreas. En Antioquia hemos recibido 915 solicitudes, que están reclamando 33 mil hectáreas”.

Si bien el mandatario nacional pluralizó la intención de “acelerar” ese proceso, la verdad es que no depende de él sino de la rama judicial, la cual no le ha impreso la dinámica que intenta mostrar Santos Calderón, pues a la fecha no ha creado los cargos de Magistrados de los Tribunales Superiores y Jueces Civiles del Circuito especializados en restitución de tierras que contempló la Ley 1448 de junio de 2011, y que hoy se conocen como Jueces Agrarios.

Según el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, se crearán 130 Jueces Agrarios, que serán los encargados de definir la restitución de las tierras a los más de 4 millones de despojados beneficiarios de la Ley de Víctimas y, según su percepción, podrán resolver los procesos en menos de 12 meses. Ahí tiene ya un primer tropiezo. La idea era que comenzaran a trabajar el 15 de enero pasado, pero ya ha pasado casi un mes y no hay nadie nombrado.

Ahora, esos 12 meses de los que habla Restrepo serían posibles siempre y cuando, como dice la Ley, “no se reconozcan opositores”, lo que es una utopía, pues como se ha advertido de manera exhaustiva en los últimos años, los labriegos despojados tendrán que enfrentarse, en cientos de casos, a los que hoy poseen los predios y se han declarado poseedores de buena fe, lo que quiere decir que darán la pelea. Y será una pelea muy desigual.

Además, la Ley establece que cuando hay un “opositor”, que en este caso serán los terceros de buena fe, “los Jueces Civiles del Circuito, especializados en restitución de tierras, tramitarán el proceso hasta antes del fallo y lo remitirán para lo de su competencia al Tribunal Superior de Distrito Judicial”, lo que indica que el debate jurídico será más prolongado y se demorará más de los 12 meses calculados por el Ministro de Agricultura para llegar a un fallo definitivo.

He tenido la oportunidad de asistir a varias audiencias en los tribunales de Justicia y Paz, donde, hasta antes de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se han dirimido las demandas de reclamación de predios, y lo que se observa allí es un verdadero desequilibrio entre el campesino reclamante y el empresario poseedor del predio, pues el primero no cuenta con los recursos necesario para enfrentarse al segundo, que cuenta con el dinero suficiente para pagar hasta investigadores privados. En esencia, se trata de la lucha del pobre contra el capital.

Ahí es donde el Gobierno Nacional debería estar preparando algunas estrategias para apoyar a los reclamantes de tierras con apoyo jurídico y recursos para costear los procesos, que van desde la expedición y fotocopias de decenas de documentos, hasta los recursos para asistir a las audiencias, que les cubran gastos de desplazamiento y estadía. Hoy, parte de esa financiación, la están cubriendo organizaciones no gubernamentales con recursos de agencias de financiación internacional. La idea es que haya más responsabilidad estatal en este asunto.

Adicional a ello, es importante señalar que la presencia de “opositores” a la reclamación le exigirá a la Fiscalía General de la Nación mayor trabajo de sus cuerpos de investigación para determinar si hubo o no despojo y poder participar, como coadyuvante, en la causa de los reclamantes de tierras. Por tal razón, será necesario dotar al ente acusador de más personal con los recursos y las herramientas necesarias para hacer bien su tarea; de lo contrario, habrá debilidades en la defensa de los campesinos que serían capitalizadas por los empresarios para demostrar que compraron los predios de buena fe y diluir cualquier responsabilidad en el despojo.

En definitiva, puede que las movilizaciones sean importantes para la Presidencia de la República, pero, dadas las características de lo que se viene judicialmente, son inútiles. La realidad, mirada con sensatez y bajo temperaturas más frías que las del Urabá antioqueño, es más compleja. Los reclamantes de tierras deberían tener eso claro, pues, de lo contrario, se crearán falsas expectativas, circunstancia que no es justa con quienes han padecido la guerra en toda su magnitud.

Bibliografia: sitios web, Diarios el Meridiano de Córdoba, El Universal y otros.
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OPINION SOCIAL...
Me parece clara la posición del presidente Santos frente a las guerrillas. Se puede discrepar o estar de acuerdo con sus enunciados, pero no se puede decir que haya confusión de ideas y estrategias. Reconoce la existencia de un conflicto armado interno; a pesar de la degradación de las acciones y de las manifestaciones de terrorismo, acepta la naturaleza política del fenómeno; mantiene la presión militar sobre estas fuerzas, golpeando reiterativamente a sus mandos y estructuras; y, al mismo tiempo, habla de la disposición a negociar la terminación de la guerra si la insurgencia acepta unas condiciones, la primera de las cuales es el compromiso de no pararse de la mesa hasta lograr la paz.

En cambio, no me parece clara la posición frente a los neoparamilitares. Santos tuvo la valentía de tomar distancia del anterior gobierno al momento de valorar el alcance de estas organizaciones y muy pronto señaló que se habían convertido en la primera amenaza a la seguridad del país. Tenía la evidencia de que en 2009 y 2010 estas fuerzas habían desarrollado el doble de acciones que las guerrillas, muchos más homicidios, desplazamientos y amenazas sobre la población y mil veces más actividades de corrupción sobre miembros de la fuerza pública y funcionarios del Estado. Pero, aún así, no era fácil poner en un segundo plano a los alzados en armas en un país que durante décadas cultivó el imaginario de que la principal o la única amenaza era la izquierda armada.

Ahí dio un paso adelante el presidente. Pero se quedó corto a la hora de precisar las características de las bandas y al momento de definir estrategias y disponer recursos y fuerzas para combatir el fenómeno. Se dejó contaminar por el ardid del anterior gobierno que acuñó la denominación de bandas criminales e insistió en que estas nada tenían que ver con las Autodefensas Unidas de Colombia y eran apenas expresiones del narcotráfico, para encubrir el hecho de que solo habían logrado una desmovilización parcial de estas estructuras.

Eso le impidió ver que las bandas se estaban reproduciendo con rapidez asombrosa en los mismos lugares donde tenían presencia los anteriores paramilitares. Lo limitó también para entender que estas organizaciones continuarían realizando algunas actividades parecidas a las que en su momento desarrollaron las huestes de Carlos Castaño.

Pero hay algo más importante. El gobierno no ha dedicado mayores esfuerzos a estudiar los cambios que se han operado en el crimen organizado en el país y los retos que estas transformaciones implican. Con la pérdida de mercados internacionales de las drogas ilícitas, estas fuerzas intensificaron el tráfico interno, buscaron con afán las grandes ciudades del país y sus centrales de abasto, adelantaron una cruzada de reclutamiento de jóvenes a quienes les pagan salarios que rondan el millón de pesos y se están peleando a muerte el contrabando de gasolina, la minería ilegal, el robo de autopartes, el tráfico de armas y una gran diversidad de negocios legales.

Ante la amenaza que significa la restitución de tierras, la reparación a las víctimas, el mayor control de las regalías y las acciones contra la corrupción, han desatado una aguda disputa jurídica, una cadena de intimidaciones y una sofisticada campaña de desprestigio contra sectores de la sociedad civil y funcionarios responsables de estas actividades.

El paro armado obligado o inducido por los Urabeños es apenas una muestra del poder y la influencia que han alcanzado estas fuerzas. El desconcierto inicial del gobierno nacional ante los hechos es el reflejo de las graves limitaciones que tiene la estrategia contra estas organizaciones.

Como el eje articulador de las actividades de las bandas es el control de mercados legales e ilegales y la captura de rentas públicas y privadas, y como en este propósito la búsqueda de complejas alianzas con políticos, empresarios y miembros de la Fuerza Pública es primordial, la puerta de entrada a una estrategia eficaz contra estas organizaciones es la intervención de sus actividades económicas y la depuración del Estado de agentes cómplices de estos grupos. Es la movilización de todo el Estado, no solo de las fuerzas policiales.

El gobierno no ha dedicado mayores esfuerzos a estudiar los cambios que se han operado en el crimen organizado en el país y los retos que estas transformaciones implican.

SOCIAL: Jorge Londoño Saldarriaga, zar de la reconstrucción, habla de las satisfacciones y frustraciones de su primer año de gestión....
ANTE LAS TEMPORADAS INVERNALES DE LOS ULTIMOS MESES...ENTREVISTA A LA REVISTA SEMANA

SEMANA: Ha habido críticas sobre el funcionamiento de Colombia Humanitaria y se ha llegado a sentir que no ha estado a la altura de la dimensión de la emergencia. ¿Cuál es su opinión?

JORGE LONDOÑO SALDARRIAGA: Yo soy consciente de las críticas, pero al mismo tiempo me gustaría que la gente tuviera conciencia de la magnitud del problema. Tuvimos 4 millones de afectados y 2 millones y medio de damnificados en forma directa, es decir que pudieron haber perdido su casa, su cosecha o incluso su posibilidad de trabajo. Ha habido 1.065 municipios impactados. Entonces, comencemos por reconocer que estamos hablando de una tragedia de una magnitud que Colombia no había conocido. En esas circunstancias, tiene que haber mucha insatisfacción, pero nuestra prioridad era evitar una catástrofe aún mayor.

SEMANA: ¿Qué quiere decir una catástrofe mayor?

J.L.S.: Por ejemplo evitar una hambruna. Con 4 millones de afectados, eso era posible. La gente efectivamente no tenía posibilidades de comer. Colombia Humanitaria repartió 340.000 toneladas de mercado. Si lo pusiéramos en camiones de tres y media toneladas, serían 100.000 viajes para llevar esos mercados. En un país que estaba inundado y con graves problemas de comunicación, es una proeza. Es que a veces las noticias se concentran en algún aspecto que falló y no en la catástrofe que se evitó.

SEMANA: Hay gente que piensa que los anuncios iniciales generaron mucha expectativa. A la gente le gustaría, por ejemplo, verlo más en la trinchera. ¿Su trabajo no ha sido demasiado discreto?

J.L.S.: Ante una tragedia como ésta, la gente quiere ver más soluciones caudillistas que institucionales. Pero cuando uno tiene problemas en más de 1.000 municipios la única forma de resolverlos es trabajando con la institucionalidad. Salir yo todas las noches en los noticieros con casco, botas, chompa y bajando y subiendo cajas, tal vez dé imagen, pero no tendría mayor utilidad. En lo que me he concentrado es en crear los mecanismos para coordinar un trabajo con 1.060 alcaldes, 28 gobernadores, ministerios e instituciones descentralizados. Hicimos 4.200 proyectos de obras civiles. Esta es la operación de descentralización más importante que se ha dado en el país. Se les entregó a los mandatarios locales una cifra sin antecedentes de cerca de dos billones de pesos para que ellos ejecutaran. Hay departamentos como Quindío al que se le entregaron dineros que equivalen a diez años de lo que podría hacer con recursos propios. Desde el punto de vista logístico fue una hazaña que solo se podía hacer con criterios institucionales.

SEMANA: Usted pasó de ser un exitoso banquero en el sector privado a asumir una empresa quijotesca en el sector público. ¿Con qué grandes frustraciones se ha encontrado en este proceso?

J.L.S.: Mi respuesta les va a sorprender. No he tenido grandes frustraciones. En el sector privado, uno tiene una capacidad de ejecución más grande. En el sector público hay más trabas. Pero eso es absolutamente lógico, pues se trata de dineros públicos. Y, así como a veces uno se encuentra con cosas absurdas, a veces se sorprende del talento, la capacidad y la consagración que tienen algunos funcionarios en su trabajo. En este año, Colombia ha tenido muchos héroes anónimos que ojalá algún día tuvieran su reconocimiento.

SEMANA: ¿No se diseñaron mecanismos para agilizar las obras?

J.L.S.: Claro que sí. Se estableció un sistema de contratación privada que permite mayor agilidad. No se trata de la posibilidad de contratar a dedo. Sin duda hubo dificultades. Por ejemplo, les decíamos a los mandatarios locales que no tenían que cumplir la Ley 80 de contratación y a ellos les daba temor. Tuvimos que hacer una labor didáctica. De los 4.500 proyectos que están en manos de mandatarios locales y que valen 1,7 billones de pesos, ya está un 96 por ciento en ejecución. Más de 900 proyectos están terminados. El avance de obra va en un 47 por ciento de los proyectos.

SEMANA: Pero algunos mandatarios locales también se han quejado por lentitud en los desembolsos…

J.L.S.: Sí, es verdad, pero, en la mayoría de esos casos, fue porque no cumplían con los requisitos, que la verdad no eran complicados. Establecimos un sistema expedito mediante el cual, para aprobar una obra, el alcalde tenía que hacer dos cosas: enviar la descripción de la obra y obtener un certificado del comité local de desastre donde se señalara que era prioritaria y correspondía a la emergencia. Aunque llegamos a esos extremos de simplificación, para muchos alcaldes de municipios pequeños era algo nuevo que los asustaba un poco. Entonces nos presionaban sin llenar los requisitos y en esas circunstancias no podíamos atenderlos. Ese es el origen de muchos de los retrasos.

SEMANA: ¿Hubo problemas de corrupción?

J.L.S.: La verdad yo he encontrado más problemas de capacidad que de corrupción. Podría decirse que es más lo que se daña que lo que se roban. Teníamos un gran reto de lograr que las cosas se ejecutaran bien y de manera transparente. Montamos un esquema con base en un operador privado. Yo le entregaba el dinero al mandatario local o ministerio. Ellos eran los ordenadores del gasto y tenían que tener interventor. Hubo innovaciones: por ejemplo, contratamos un sistema de supervisión para las más de 4.000 obras, con firmas de primera clase. Hemos visitado 2.140 proyectos y a muchos de ellos dos veces. No quiere decir que todo sea color de rosa. Hemos tenido problemas serios en 250 proyectos, pero esto representa cerca del 5 por ciento de los proyectos que hemos adelantado.

SEMANA: La gente dice que volvieron las lluvias sin que se hubieran adelantando soluciones estructurales entre la primera y segunda ola invernal. ¿Por qué pasó eso?

J.L.S.: Porque los problemas llevan siglos. Es imposible solucionar problemas estructurales ancestrales en unos cuantos meses. La prioridad era la atención humanitaria y rehabilitar lo dañado. Las soluciones estructurales son un proyecto que tenemos a más largo plazo y desde un principio lo planteamos así.

SEMANA: ¿Qué tan importantes han sido las juntas directivas del esquema de atención que se montó?

J.L.S.: Muchísimo. El presidente las integró con personajes de primer nivel que han trabajado hombro a hombro conmigo desde el inicio. Personas como Luis Carlos Villegas, Manuel Santiago Mejía, Arturo Calle, Antonio Celia, Everardo Murillo tienen experiencia en el manejo de tragedias. Los miembros del sector público –los ministros– fueron fundamentales. Hasta hace poco nos reuníamos una vez por semana arrancando a las siete de la mañana.

SEMANA: ¿De cuánta plata estamos hablando finalmente para resolver la tragedia?

J.L.S.: De cinco billones de pesos para la primera etapa de emergencia y de 14 billones para la segunda fase, que es la de reconstrucción y prevención para que no vuelva a suceder en el futuro. Los cinco billones salieron de rentas fiscales, pues es gasto. Y los 14 billones van a llegar de la venta de activos, pues se considera que la reconstrucción no es un gasto sino una inversión.

SEMANA: ¿Cuáles activos se venderán para llegar a ese monto?

J.L.S.: Se anticipa que provendrán de la venta de un porcentaje de Ecopetrol, a través de un proyecto de ley que el gobierno tramitará en el Congreso.

SEMANA: Y las grandes obras de mitigación, ¿cuándo comienzan?

J.L.S.: El Fondo de Adaptación trabaja en la lista de las grandes obras que se financiarán con los 14 billones de pesos. Se definió que un 30 por ciento de los recursos se destinará a obras de transporte, como vías. Un 20 por ciento a infraestructura de mitigación, como el Canal del Dique y la Mojana, por ejemplo. El 16 por ciento se destinará a vivienda. Con el resto se financiarán proyectos de acueductos, alcantarillados, medio ambiente, escuelas, deporte, cultura, entre otros.

SEMANA: Usted sigue creyendo que esta tragedia es una oportunidad para construir una mejor Colombia. ¿Qué más aprendimos?

J.L.S.: Sin duda alguna. Es la oportunidad para hacer grandes obras. De esta tragedia saldrá una Colombia más moderna. Y lo más importante de todo es que nos está obligando a reflexionar sobre lo que es el riesgo. Esta es una oportunidad también para generar un cambio cultural. El riesgo, que en el pasado era un hecho abstracto, se nos puso de presente en esta tragedia. Yo soy un gran optimista. Soy un convencido de que de las tragedias surgen oportunidades. Yo creo que de esta experiencia no solo van a quedar grandes obras, sino un cambio de mentalidad que va a ser muy positivo para el país.

SEMANA: Debe ser un poco frustrante para usted, ante la dimensión del esfuerzo que ha habido este año por parte de Colombia Humanitaria, que no haya todavía un reconocimiento proporcional da su gestión.

J.L.S.: Para este cargo se requería una persona que no tuviera ambiciones políticas, y yo no las tengo. Ni siquiera soy funcionario público, tengo un contrato con el BID. Soy consciente de que lo que estamos haciendo no puede dejar completamente feliz a la gente. Colombia tenía problemas enormes y Jorge Londoño no puede convertir al país en un paraíso. Es inevitable que haya críticas sobre mi gestión, pero yo no considero un sacrificio, sino un honor, el prestar este servicio a Colombia. No lo hago buscando aplausos, sino por un sentido del deber.

HABLARE DE ESTE PERSONAJE, PORQUE ES PAISANO, COSTEÑO-CORDOBES
GUSTAVO PETRO: DE CERETÉ-CORDOBA

¿Habrá Luna de Miel para Petro?

Debería dársele y no de cien días, como se acostumbra, sino por lo menos, de seis meses. Recibir una Bogotá tan descuadernada, saqueada e inmovilizada lo hace merecedor de esta tregua. Cometen un craso error quienes creen que se puede juzgar y, más aún, tumbar a un mandatario con un poco más de tres semanas en el poder.

Los capitalinos, que son quienes viven y sufren la ciudad, le deben apostar a un buen gobierno del Alcalde por el bien de todos. Hay una cosa que tranquiliza a tirios y troyanos: en esta administración no se van a robar la plata de sus impuestos, lo cual es muy importante para quienes amamos a esta urbe. En muchos casos no es nuestra patria chica, mas si la Mama Grande que acoge, sin ningún tipo de discriminación, dando todas las oportunidades, especialmente educativas, hasta el punto que hoy estamos dispuestos a que nuestra querida capital salga adelante.

A Gustavo hay que entenderlo. Ha sido congresista muy destacado y como tal se desenvuelve muy bien ante los medios de comunicación. Gracias a su inteligencia sabe manejar los argumentos y contraargumentos de casi cualquier situación, según sea su conveniencia. ¡Ojo!.. pero una cosa es ser Senador y otra ocuparse de la administración de una ciudad que tiene mas habitantes que Panamá y Uruguay juntos y mas cuando llega en oposición al establecimiento y a sus propios pupilos de hace sólo unos meses. Haber sido Congresista es importante en la carrera de un buen administrador; pero quien lo haga debe pasar de las palabras a los hechos y ahí está la diferencia.

Opinar sobre el burgomaestre en cualquier momento me parece lógico y deseable y eso es lo que vamos a hacer. Se nota cierta improvisación en algunos de los temas tratados por Petro. No tenía bien estudiado el caso del desarme y fue Navarro quien lo ha venido sacando de esa primera pifia. No es que nos disguste el “Adiós a las armas” pero en un país como el nuestro en donde los fascinerosos siempre andan “mancaos”, es algo que hay que hacer escalonadamente. Tal vez mas mediático que cualquier otra cosa, resultan las banderillas colocadas a los aficionados a la tauromaquia. Tengo entendido que le ha hecho un gran favor a la fiesta brava, que venía en decadencia por no tener a quien enfrentar que no fuera el toro. De otro lado se olvidó que en muchos proyectos como la construcción de la Aló (avenida Longitudinal de occidente con 48 km de longitud), intervienen varios Presidentes, Gobernadores y Alcaldes Distritales, y por lo tanto trascienden los cuatro años de período para el cual fueron elegidos.

Ahora vayamos al gabinete. Sobresaliente los nombramientos de Antonio Navarro, Luis Alfonso Jaramillo, Eduardo Noriega (Obama por su gran parecido) y Diego Bravo, en las secretarías de Gobierno, Salud y General y en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado respectivamente. Son personas que han sido fogueadas en los temas que le han asignado, tienen experiencia y nombre que cuidar. Los demás, en su mayoría, son personas capaces, que tienen el conocimiento mas no el expertiz administrativo. Lo pueden hacer bien, pero son ilustres desconocidos que mucho agradan a la opinión por no tener experiencia, cuando lo ideal es que se le otorguen estos altos cargos a personas que hayan demostrado sus aciertos en el campo gerencial. Llaman la atención la nueva directora del Idu y el de la Empresa de Teléfonos quienes merecen un compás de espera, al igual que el resto de sus compañeros de gobierno. Ya veremos qué pasa con la coalición en el Concejo, que tiene su primer reto con la elección de Contralor y Personero Distritales.

Para quienes no hemos pertenecido a la corriente Petrista, es refrescante que llegue a la Alcaldía Mayor una persona que quiere y tiene que hacerlo bien, así sea para que esto lo catapulte a la Casa de Nariño. Una preguntita para Gustavo: ¿Qué paso con su relación con el Presidente Chávez; usted nunca toca ese tema pero no hemos sabido de una pelea o un distanciamiento con quien fuera tan cercano. Ahora podría ser su “viejo mejor amigo?“, para no quedarse atrás de JuanMa.

Lo que deseamos los costeños que nos sentimos orgullosos de su victoria, es que deje en alto su Nombre para la posteridad y que tenga un excelente gobierno....éxitos!!

URABA Y EL PROCESO DE LEY DE REPARACIÓN DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS A SUS CAMPESINOS

Tema: Social-Político

ANTECEDENTES:
Urabá, en lengua katía, significa ‘La tierra prometida’. Urabá es una región exuberante, y quienes la conocen quedan asombrados. Separa al Mar Caribe del Pacifico, en su geografía conforma un golfo y es tristemente afamada por la dura violencia y la barbarie que se ensañó contra ella en los últimos treinta años.
A finales de los años 50 unos cuantos empresarios sembraron las primeras matas de banano, que luego se transformaron en plantaciones y se expandieron en la década de los 60, para consolidarse ya en los 70 como una verdadera industria bananera.

Sea como fuere, estamos hablando de una inmensa explotación agrícola que creció sin Dios ni ley. Durante veinte años el patrón fue la fuerza, con no pocos despojos de colonos que habían llegado desde los años 40 a lo que esperaban fuera una ‘tierra prometida’. A mediados de los años 70 los empresarios del banano ya contaban con una fuerza laborar de unos 15.000 trabajadores, con escasa organización gremial y unas duras condiciones laborales, sin contratos, viviendo muchos en barracas, sin que faltaran los capataces de finca que dirimían los conflictos laborales a bala.

Sobre esta dura realidad, llegaron las guerrillas del EPL y las FARC y encontraron conflictos sobre los cuales medrar, creció la presencia política del Partido Comunista y del Partido Comunista Marxista Leninista, organizaciones que encontraron en los obreros bananeros, una fuerza social y política para crecer. En este panorama, de conflictos y acción armada, aparecieron en escena los paramilitares, ofertaron respuesta armada a los interés del capital y a quienes se oponían a las acciones de las guerrillas, y fue así como se engendró la hidra de una confrontación que puso miles de muertos, barbarie y sufrimiento al por mayor.

Las guerrillas del EPL y el Partido Comunista ML pactaron un acuerdo de paz durante la Constituyente del 91, mientras que el Partido Comunista –que había logrado importante representación política en la región- fue sacado a plomo. Pero las FARC respondieron con una dura arremetida, que tuvo como nefasta consecuencia la masacre en el Barrio La Chinita, en enero de 1994, con decenas de víctimas. A partir de allí la violencia se agudizó, acompañada de un despojo continuo de tierras a colonos y campesinos, a manos de los ‘señores de la guerra’.

Luego llegaron los paramilitares de Carlos Castaño y en una fatal alianza con empresarios y políticos desataron una cacería humana y una cruzada de expropiaciones y despojos que arroja cifras espeluznantes. Urabá acumuló 720 sindicalistas asesinados, es decir, más de una tercera parte de los sacrificados en el país. En 1997 y 1998 las cifras de homicidios se acercaron a 800, con una tasa superior a todas las regiones de Colombia. También el desplazamiento forzado se encumbró por esos años. Y en los últimos tiempos el blanco han sido 11 líderes de las víctimas que han pagado con su vida la osadía de defender el derecho a la restitución.

Ahora se sabe que, aprovechando esta situación, el Fondo Ganadero de Córdoba adquirió en forma fraudulenta 46.000 hectáreas de las mejores tierras de la zona y una parte de los empresarios bananeros se hizo a predios enormes pertenecientes a la Nación o a los campesinos que la violencia obligó a huir.

Un informe del Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, publicado el 25 de agosto de 2011, detalla que en Urabá les fueron despojadas a campesinos pobres unas 41.700 hectáreas en solo seis municipios, faltando por contabilizar lo ocurrido en Carepa, Chigorodó, Mutatá, Vigía del Fuerte y Murindó, así como el estudio de despojo de las oficinas de Registro e Instrumentos Públicos de Frontino y Dabeiba.

El despojo de tierras en Urabá fue sistemático, y al respecto la Fundación Forjando Futuros –conformada por reclamantes de tierras encabezados por Carmen Palencia y Gerardo Vega- en reciente informe señalan a algunos responsables de este proceso: “en los 11 municipios del Urabá antioqueño están detenidos, procesados o condenados ya 5 representantes a la Cámara, 3 senadores, el general (r) de la Fuerzas Militares Rito Alejo del Río, los directivos de la multinacional Chiquita Brands y Banadex, 8 alcaldes y exalcaldes, un notario, 3 comandantes de las Autodefensas, otros 16 funcionarios públicos, 5 exconcejales y concejales. Estos hechos demuestran que en esa zona la institucionalidad, gobiernos locales, fuerzas militares y empresariado estuvieron cooptados por el proyecto paramilitar que causó todo el despojo, hoy reconocido por el propio Presidente de la República.”

La Fundación Forjando Futuros les ha propuesto a las empresas bananeras que aportaron durante diez años a los paramilitares 3 centavos de dólar por caja de banano exportada (lo cual fue comprobado en estrados judiciales en los Estados Unidos y corroborado por varios jefes paramilitares en sus versiones libres), que aporten la misma cantidad y por el mismo tiempo, a modo de recursos destinados al Fondo de reparación de victimas contemplado en la Ley 1448. Se trata sin duda de una muy buena propuesta, que el gremio bananero debería considerar, ya con cabeza fría.

RESTITUCION DE TIERRAS A CAMPESINOS
En la reunión Carmen Palencia, vocera de la asociación Tierra y Vida, le manifestó al presidente que resultaba increíble que Urabá no apareciera como una de las zonas donde se iniciaría la reparación y la restitución. Señaló Santos que obedecía a la estrategia de empezar por lugares donde, al parecer del gobierno, se encontrarían menos obstáculos. Que la complejidad de esa región era enorme y lo mejor era cosechar experiencias en sitios de menor resistencia antes de acometer la tarea en el punto más espinoso.

De ahí que, una vez se anunció la confluencia de gobierno y organizaciones sociales para marchar hacia Necoclí, llovieron todas las presiones. Los Urabeños, con el pretexto de protestar por la muerte de uno de sus jefes, desataron un paro armado a principios de enero con la evidente intención de mostrar el gran poder que ostentan en la región. Los empresarios bananeros, que ayer financiaron la implantación de los paramilitares en la zona, rechazaron abiertamente la movilización y se vinieron hasta la oficina del ministro del Interior para hacer un descarado lobby orientado a impedir la asociación entre víctimas y gobierno en procura de la reparación y la restitución.

Esta ha sido la antesala de un evento que aspira a rendir un homenaje a las víctimas del territorio más asolado por la violencia y tiene el propósito de entregar títulos de propiedad a campesinos largamente olvidados por la sociedad. ¡Ojalá salga bien! ¡Ojalá el gobierno no se arrugue en esta misión!
Los convocantes desde la sociedad civil a la concentración de Necoclí expresaron con claridad su mensaje: “Queremos decirle al País y al mundo que solo ambicionamos volver a nuestra tierra, volver a lo que nos pertenece, labrar el campo, sembrar, cosechar, criar animales, cuidar los árboles, los ríos, los animales silvestres y vivir en paz. Queremos ser felices en nuestra vereda, hacer trabajo comunitario, disfrutar de nuestras libertades políticas y sociales, velar por nuestros hijos e hijas, gozar de nuestros derechos y comprometernos con nuestros deberes.” Es un mensaje sereno pero contundente, que el país que anhela vivir en legalidad y democracia apoya.

Marcha de Necoclí…
La realidad, mirada con sensatez

“Esta Ley de Reparación de Víctimas y Restitución de Tierras la vamos a hacer efectiva contra viento y marea, contra cualquier enemigo”, dijo el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, en un emotivo discurso en el municipio de Necoclí, durante el acto central que tuvo como telón de fondo la movilización masiva de campesinos del norte de Antioquia, Córdoba y Chocó en apoyo a la intención del Gobierno de atender los reclamos de aquellos que fueron despojados de sus tierras por grupos paramilitares, en asocio con empresarios, funcionarios estatales y sectores de la Fuerza Pública.
Ver la concentración de pobladores en Necoclí y al presidente Santos conminándolos a defender la Ley me llevó a pensar en la insensatez de sus palabras, pues buena parte de ellas son ilusorias, generadoras de falsas expectativas, activismo inútil, pues la restitución de esas tierras despojadas a la fuerza durante buena parte de la década de los noventa y el dos mil en diversas regiones del país deberá surtir un largo trámite jurídico en el cual los labriego despojados, de manera individual, se tendrán que enfrentar a los grandes capitales.

Mi impresión se ratificó cuando escuché de boca de Santos Calderón otra afirmación: “ese proceso lo vamos a acelerar, lo vamos a ir acelerando”. Y ofreció algunas cifras para mostrar la magnitud de la tarea pendiente: “Aquí en Urabá, hemos recibido 270 solicitudes que están reclamando 12.200 hectáreas. En Antioquia hemos recibido 915 solicitudes, que están reclamando 33 mil hectáreas”.

Si bien el mandatario nacional pluralizó la intención de “acelerar” ese proceso, la verdad es que no depende de él sino de la rama judicial, la cual no le ha impreso la dinámica que intenta mostrar Santos Calderón, pues a la fecha no ha creado los cargos de Magistrados de los Tribunales Superiores y Jueces Civiles del Circuito especializados en restitución de tierras que contempló la Ley 1448 de junio de 2011, y que hoy se conocen como Jueces Agrarios.

Según el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, se crearán 130 Jueces Agrarios, que serán los encargados de definir la restitución de las tierras a los más de 4 millones de despojados beneficiarios de la Ley de Víctimas y, según su percepción, podrán resolver los procesos en menos de 12 meses. Ahí tiene ya un primer tropiezo. La idea era que comenzaran a trabajar el 15 de enero pasado, pero ya ha pasado casi un mes y no hay nadie nombrado.

Ahora, esos 12 meses de los que habla Restrepo serían posibles siempre y cuando, como dice la Ley, “no se reconozcan opositores”, lo que es una utopía, pues como se ha advertido de manera exhaustiva en los últimos años, los labriegos despojados tendrán que enfrentarse, en cientos de casos, a los que hoy poseen los predios y se han declarado poseedores de buena fe, lo que quiere decir que darán la pelea. Y será una pelea muy desigual.

Además, la Ley establece que cuando hay un “opositor”, que en este caso serán los terceros de buena fe, “los Jueces Civiles del Circuito, especializados en restitución de tierras, tramitarán el proceso hasta antes del fallo y lo remitirán para lo de su competencia al Tribunal Superior de Distrito Judicial”, lo que indica que el debate jurídico será más prolongado y se demorará más de los 12 meses calculados por el Ministro de Agricultura para llegar a un fallo definitivo.

He tenido la oportunidad de asistir a varias audiencias en los tribunales de Justicia y Paz, donde, hasta antes de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se han dirimido las demandas de reclamación de predios, y lo que se observa allí es un verdadero desequilibrio entre el campesino reclamante y el empresario poseedor del predio, pues el primero no cuenta con los recursos necesario para enfrentarse al segundo, que cuenta con el dinero suficiente para pagar hasta investigadores privados. En esencia, se trata de la lucha del pobre contra el capital.

Ahí es donde el Gobierno Nacional debería estar preparando algunas estrategias para apoyar a los reclamantes de tierras con apoyo jurídico y recursos para costear los procesos, que van desde la expedición y fotocopias de decenas de documentos, hasta los recursos para asistir a las audiencias, que les cubran gastos de desplazamiento y estadía. Hoy, parte de esa financiación, la están cubriendo organizaciones no gubernamentales con recursos de agencias de financiación internacional. La idea es que haya más responsabilidad estatal en este asunto.

Adicional a ello, es importante señalar que la presencia de “opositores” a la reclamación le exigirá a la Fiscalía General de la Nación mayor trabajo de sus cuerpos de investigación para determinar si hubo o no despojo y poder participar, como coadyuvante, en la causa de los reclamantes de tierras. Por tal razón, será necesario dotar al ente acusador de más personal con los recursos y las herramientas necesarias para hacer bien su tarea; de lo contrario, habrá debilidades en la defensa de los campesinos que serían capitalizadas por los empresarios para demostrar que compraron los predios de buena fe y diluir cualquier responsabilidad en el despojo.

En definitiva, puede que las movilizaciones sean importantes para la Presidencia de la República, pero, dadas las características de lo que se viene judicialmente, son inútiles. La realidad, mirada con sensatez y bajo temperaturas más frías que las del Urabá antioqueño, es más compleja. Los reclamantes de tierras deberían tener eso claro, pues, de lo contrario, se crearán falsas expectativas, circunstancia que no es justa con quienes han padecido la guerra en toda su magnitud.

Bibliografia: sitios web, Diarios el Meridiano de Córdoba, El Universal y otros.